El anonimato: uno de los pilares del sistema de donación de órganos.-

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La legislación vigente resguarda la confidencialidad de los datos sobre donantes y receptores y prohibe el conocimiento público de la identidad del donante. El   INCUCAI  ha alertado  a los medios de comunicación para mantener  la confidencialidad de los datos sobre donantes y receptores ya que generan repercusiones de orden negativo que pueden causar profundos daños a las personas involucradas.-

La Ley Nacional 24.193  y modificada por la Ley 26.066, que rige la donación y trasplante de órganos lo prohíbe taxativamente. El conocimiento público de la identidad del donante y su vinculación con el receptor generan repercusiones de orden negativo que pueden causar profundos daños a las personas involucradas. Llamado a la responsabilidad a los medios masivos.

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) manifestó su profunda preocupación y malestar ante la difusión a través de diferentes medios de comunicación de la identidad del donante en un reciente caso de trasplante de corazón realizado a un menor, y solicitó a sus responsables que se abstengan de difundir los datos personales de aquellas personas que solidariamente tomaron la decisión de donar órganos.

El organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación presidido por la Dra. María del Carmen Bacqué se rige por  «la Ley Nacional 24.193 y su Decreto Reglamentario Nº 512/95, establecen en el caso particular de la donación y el trasplante de órganos las prescripciones relacionadas con la protección de la confidencialidad en resguardo de la identidad tanto de dadores como de receptores».

«El conocimiento público de la identidad del donante y su vinculación con el receptor generan repercusiones de orden negativo que pueden causar profundos daños a las personas involucradas», indicó Carlos Soratti, ex titular del INCUCAI. «Para quien ha perdido un ser querido, facilitar y alentar la relación con los receptores podría afectar seriamente el proceso de duelo», dijo el funcionario, quien añadió que «en el otro extremo, se deben considerar los posibles daños al receptor durante el período de asimilación del órgano trasplantado».

Por lo expresado anteriormente, el INCUCAI –como autoridad nacional responsable en la materia– apeló a la responsabilidad de los medios de comunicación para no difundir la identidad de donantes y receptores aunque cuenten con esta información.

«El derecho de la comunidad a ser informada debe concretarse en un marco que evite consecuencias indeseables, que afecten a los más de 10.000 pacientes inscriptos en lista de espera», afirmó Soratti. La posibilidad de trasplante de estos pacientes depende de la donación, que sólo es posible gracias a la confianza que genera el sistema sanitario. Respetar la confidencialidad de los datos contribuye a preservar la credibilidad y confianza pública en la actividad de donación y trasplante. La divulgación de datos personales atenta contra el espíritu de la donación de órganos, que debe ser anónima, voluntaria, altruista y desinteresada.

El desaliento a la vinculación y encuentro entre familiares de donante y receptor de órganos que establece la norma vigente en la Argentina tiene también raigambre jurídica en otros países, especialmente en aquellos que cuentan con legislación de avanzada en materia de trasplantes de órganos, como Canada, España y Francia.

 

Según las cifras publicadas en junio por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), de las personas que esperan un trasplante, el 92% necesita un riñón o hígado. Y si bien casi la mitad de estos pacientes aguarda entre 2 y 7 años por un nuevo órgano, 179 de ellos están hace más de 10 años en lista de espera.

El problema es que hay una asimetría entre la cantidad de pacientes en lista de espera, que crece entre un 5% y 10% al año porque los médicos tienden a indicar cada vez más los trasplantes como tratamiento de una insuficiencia orgánica, y el número de trasplantes. Si bien los trasplantes aumentaron en promedio un 6% por año desde el 2000 hasta la actualidad, esto no es suficiente para enfrentar las  personas que aguardan un nuevo órgano. En los últimos 5 años, la tasa de trasplantes por millón de habitantes fue alrededor de 41, lo que significa que se efectuaron casi 1752 trasplantes por año. Esta cifra es muy alta en comparación con los años anteriores, pero todavía refleja un déficit a la hora de combatir las necesidades del sistema.

Además del 92% de los casos, que necesita un riñón o hígado, en la lista de espera hay pacientes que aguardan otro tipo de trasplantes: 188 pulmonar, 157 renopancreático, 135 cardíaco, 28 hepatorrenal, 12 pancreático, 10 intestinal, 7 cardiopulmonar, 4 cardiorrenal y 1 hepatointestinal.

Al respecto,  Alejandro Bertolotti, Jefe de la Unidad de Trasplantes de la Fundación Favaloro, reconoce el rol de Argentina como referente en el sistema de trasplante de órganos a nivel mundial, pero destaca la necesidad de profundizar en la educación sobre la calidad de procuración y hacer especial hincapié en los hospitales privados ya que la mayoría de los donantes provienen de establecimientos públicos. El año pasado el 82% de los donantes eran de hospitales públicos, y tan sólo el 18% de privados. Pero la mayoría de los trasplantes se efectúan en los privados, entonces pareciera que terminamos haciendo usufructo de la procuración de los públicos. Los directivos tiene que comprender que sin donación no hay trasplantes, dijo Bertolotti de la Fundación Favaloro.

Las autoridades sanitarias instaron a cuidar el funcionamiento del sistema de procuración y trasplante con el fin de dar respuesta a los pacientes que están en lista de espera y recordaron que esta tarea es una responsabilidad de todos los actores sociales.

 

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