Ana Medina vive la función judicial con pasión y con una perseverancia de trabajo diaria que la convierte en un oasis que se destaca en medio del desierto de la impericia, la desidia y la corrupción enquistada en todos los niveles, de los cuales la vapuleada «Justicia» no es la excepción. Esas características de la fiscal Medina se advierten en los pasillos de tribunales desde hace años.
Convergencias accedió meses atrás a los 18 cuerpos del expediente judicial principal que investiga el crimen de Marisol Oyahanart cuya dirección actualmente lleva la Dra. Ana Medina.
Este sábado 4 de enero el diario La Nación hace público algunos de los avances de estos últimos meses y hacemos lo propio desde nuestro modesto lugar, luego de haber accedido en forma directa a la información que en parte fuera publicada hoy por Gustavo Carabajal. Resguardamos algunos datos e información para no entorpecer la eficacia de la investigación, coincidiendo con algunas cuestiones que dicha nota refleja, y en parte, el estado procesal de la investigación. Una investigación penal con tantas omisiones y desaciertos que, los responsables de la administración de Justicia o bien adolecen de inutilidad o son cómplices. Omisiones que han mantenido hasta hoy la impunidad y que sólo pueden sostenerse con el aval del poder político, no hay otra posibilidad: cualquier «perejil hijo de vecino» sin este sostenimiento cae preso a la semana.-
Aval del poder político porque tampoco se explicaría de otra forma que a esta altura no exista en el Consejo de la Magistratura una investigación del papel decisivo en esta cadena de omisiones cumplido por la Dra. Patricia Hortel, la primera fiscal de la causa. Recordemos que Consejo de la Magistratura está integrado por representantes del poder judicial y de los partidos políticos. ¿Cómo se llama esto, manto de piedad, espíritu de cuerpo, complicidad, corrupción, inoperancia, falta de interés acaso?
Ana Medina se enfrenta no sólo con el desafío de descubrir el o los asesinos, sino con ese inmenso laberinto de pactos y complicidades que mantuvieron la causa hasta la fecha sin posibilidades de identificarlos y ponerlos a disposición de la Justicia.
La poca vinculación en las marchas, la falta de toma de conciencia de una sociedad que muchas veces mira para otro lado ante la injusticia de otro son factores que le dan características particulares al caso, pero ínfimas comparadas con la connivencia de funcionarios de la administración pública en sus más variadas jerarquías y divisiones del estado.
En el expediente judicial consta que Gallo no hizo lo que por sus funciones debió hacer. Lejos de eso, se encuentra en la cadena de responsables que borraron cinco archivos en los que se registraron las imágenes de una cámara de seguridad que da cuenta del paso de Marisol Oyhanart entre las 15 y las 15.30 y que fueron borrados. Así lo determinó el peritaje realizado por un instructor informático de la Procuración bonaerense. De existir esas imágenes borradas hubieran posibilitado identificar al autor del homicidio que conmocionó a Saladillo y al país.
Los archivos borrados del disco rígido cuyos detalles constan en el expediente, pertenecían a la computadora que grababa los registros la cámara de seguridad instalada en el taller de chapa y pintura «El Chispa», ubicado en Hipólito Yrigoyen y Saavedra.
En las declaraciones que obran en el expediente judicial Elsa Zulema Zchuft, dueña del taller, afirmó ante la Justicia que le entregó la computadora al oficial principal Pablo Gallo días después del homicidio de Marisol y que al momento de presentarse en su domicilio Gallo no mostró orden judicial alguna. La dueña del taller afirma en su declaración que unos días después que se llevaron la computadora le pidió al policía Gallo que se la devolviera y que nuevamente, sin ninguna orden ni constancia el policía acusado le devolvió la computadora. La orden fue librada tiempo después que materialmente ya había sido retirada la computadora. Con la presentación de la orden judicial, en junio de 2014 la dueña del taller entregó el CPU a los efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata. En el peritaje concluyó que «el archivo SYS20140414.mdb sufrió un cambio el 6 de mayo de 2014 a las 5.47» y que «No se encuentran los archivos de audio o video que corresponden a las fechas 13, 14 y 15 de abril de 2014 y no es posible recuperar los archivos que corresponden a esas fechas».-
Si bien en la primera oportunidad había pasado desapercibida la situación afirmada por la testigo dueña del taller en la declaración en la sede de Saladillo respecto de la entrega del CPU, la mujer afirmó una vez más bajo juramento de decir verdad, que le había entrega a Pablo Gallo el CPU de la computadora sin ninguna orden judicial.
También obra en el expediente la declaración testimonial que ordenó la Fiscal Ana Medina a un alto funcionario de gobierno municipal al momento de cometido el crimen porque alegando un motivo irrisorio tampoco quedó ningún registro en las cámaras monitoreadas por el estado municipal.
El comisario Pablo Gallo, actualmente comisario y responsable de la seccional de Lobos, fue el primero de los siete policías sospechados de desviar la investigación del homicidio de Marisol y ser acusado formalmente de encubrimiento en la causa principal lo que deriva en una tercera causa. Esta imputación habilita el llamado a la indagatoria y lo deja al borde de un eventual procesamiento.
¿La fiscal Ana Medina tendrá el respaldo de los efectores de la corporación judicial y del poder político para esclarecer el asesinato de la saladillense Marisol Oyhanart a poco de cumplirse seis años del crimen?
Graciela Elizabeth Achabal, 4 de enero de 2020.-
