Cristina Kirchner, a horas del inicio de su juicio oral: «Se trata de un nuevo acto de persecución».-

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La expresidenta se desligó de las acusaciones y dijo que las licitaciones de obra pública en Santa Cruz dependían del ministerio de Economía y de la gobernación provincial.

Previo al comienzo del juicio por corrupción en la obra pública Cristina Kirchner se quejó al considerar que se trata de «un nuevo acto de persecución». A través de una serie de tuits confirmó que se presentará, dijo que «jamás» debió haber sido citada y que el único objetivo del proceso es «colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial». El debate arranca poco después de que la senadora de Unidad Ciudadana sacudiera el tablero electoral con la confirmación de su precandidatura a la vicepresidencia, en una lista encabezada por Alberto Fernández.

La exmandataria llega al juicio procesada como jefa de una asociación ilícita que direccionó contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2004 y 2015 por $ 46 mil millones a favor del empresario Lázaro Báez, otro de los que serán juzgados. En su descargo a través de las redes sociales, se desligó de las acusaciones.null.

«Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial», indicó. «Para que se entienda: se trata de licitaciones de obras públicas vialesrealizadas por un órgano provincial que depende del ministerio de economía y de la gobernación de la provincia», afirmó.

«La citación de hoy se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz. Claramente no se trata de hacer justicia. Sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas -cada vez con menos éxito- de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo», acusó.

«No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008, armadas por diputados de la Coalición Civica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito», afirmó.

Aseguró que las pruebas por las que se la acusa «son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete».

«Los juicios deben buscar la verdad. Pero aquí no parece que esto vaya a ocurrir. Mientras a mi defensa le impiden contar con las pruebas más elementales, se incorpora la declaración de la Dip. Oliveto -alias Pau- y un libro de Daniel Santoro, ambos imputados en la causa D’Alessio», se quejó. «Como frutilla del postre, también utilizan la ‘declaración’ del ‘arrepentido’ coucheado Fariña, quien se encuentra sujeto a una investigación criminal en el escandaloso caso D’Alessio por armado de causas truchas que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Dolores», criticó.

Con fuertes críticas al fiscal federal Carlos Stornelli la exmandataria confirmó que se presentará en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se desarrollará el juicio. «Igualmente, una vez más y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Si… pese a todo volveré a ir. No como otros, que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías», indicó.

Las acusaciones a la expresidenta

De acuerdo a las acusaciones de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que estudiaron los procesos de las 52 licitaciones que se adjudicó el Grupo Austral del empresario K, hubo sobreprecios promedio del 65%además de una gran cantidad de atrasos en las obras. Los investigadores advirtieron que hubo complicidad de funcionarios en las ampliaciones de plazos y costos.

Además de determinar el fuerte aumento patrimonial que tuvo Báez (que pasó de $ 1,8 millones en 2003 a $ 137 millones en 2014) aclararon que el empresario K acaparó la mayor cantidad de contratos de obra pública en Santa Cruz sin tener experiencia en el rubro.

Conocido como «zar de la obra pública», Báez recibió la mayor parte de los fondos destinados a este rubro. Los fiscales explicaron que una gran cantidad de los trabajos no solo no se terminaron sino que costaron mucho más de lo inicialmente pautado, en un monto que actualizado asciende a $ 46 mil millones.

En la acusación los investigadores indicaron además que al empresario le adjudicaron obras que estaban por encima de su capacidad de contratación. Como en 2015, cuando podía hacer trabajos por $ 70 millones anuales y le otorgaron contratos por más de $ 1100 millones.

Indicaron además que el Gobierno le pagó de manera exclusiva a la empresa a través de anticipos financieros de hasta un 30% del contrato sin cumplir los requisitos legales, como «certificados de pago en un plazo siete veces más rápido» que otras compañías. Para la fiscalía las irregularidades fueron posibles a partir de medidas de las administraciones K como decretos presidenciales y resoluciones de organismos como el extinto ministerio de Planificación Federal o Vialidad.

Advirtieron que hubo un «incumplimiento sistemático, reiterado y permanente del Grupo Austral» tanto en los plazos de contratación como de finalización de obras. Solo dos de los trabajos asignados se terminaron en el plazo previsto, mientras que 25 quedaron a la deriva. En tanto que solo una obra se realizó por el presupuesto convenido inicialmente. La investigación se inició en 2016 por una denuncia del entonces jefe de Vialidad Nacional Javier Iguacel.

Fuente; TN.

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