“Mirá que así como la ingresó en el plan, la saca”. La advertencia salió del teléfono de “Jota” hacia K., una beneficiaria de un plan social que, al parecer, no cumplía con las condiciones para mantenerla activa en el programa Argentina Trabaja. ¿Cuáles eran las condiciones? Entregar la mitad de lo que cobraba, ir a las marchas y traer más interesados.
Así se desprende del fallo que dictó la jueza en lo criminal y correccional Alejandra Provítola, cuando procesó con prisión preventiva a tres hombres acusados de integrar una asociación ilícita que conseguía planes sociales y les cobraba una comisión a las personas que percibían ese beneficio.
