La medida se conocía desde hace algunos días, pero fue publicada recientemente en el Boletín Oficial.
La decisión alcanza a la agencia de noticias Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) -que componen la TV Pública, Radio Nacional y RAE (Radiodifusión Argentina al Exterior)-, Educ.Ar y Contenidos Públicos.
La intervención de los medios públicos será por el plazo de un año y podría ser prorrogada por única vez por la Jefatura de Gabinete.
A través del decreto 117/2024, el Gobierno designó como interventor al abogado Diego Chaher e interventor adjunto al letrado Sebastián Marías. Los dos con carácter ad-honorem.
En el ejercicio de sus cargos, «tendrán las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al Directorio y a su presidente», sostiene el documento.
Deberán también «elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo».
En tanto, podrán modificar «el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y cambiar «la denominación de los organismos, previa conformidad del Ejecutivo.