
Así definió Adrián Pérez, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior a la propuesta de norma que busca regular la gestión de intereses.
El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, aseguró que el proyecto de Gestión de Intereses, que busca regular la actividad de lobby y favorecer el control ciudadano en la gestión de los tres poderes del Estado, promueve «no sólo la transparencia sino igualdad de trato» y sostuvo que la relación entre el sector público y privado «no está mal en la medida que se transparente».
Hasta ahora: con la firma del presidente Mauricio Macri, el Gobierno enviará finalmente hoy al Congreso, después de un año de anunciarlo, el proyecto de «Ley de Gestión de Intereses», o «Lobby» resumido. Su función principal es obligar a los tres poderes del Estado a agendar las audiencias, junto a funcionarios de organismos descentralizados.
A través del decreto 1172, de Acceso a la Información Pública, que firmó Néstor Kirchner, hay un registro online de reuniones pero que sólo alcanza a miembros del Ejecutivo. De aprobarse, legisladores, jueces y embajadores, entre otros, también deberán publicitar sus encuentros. Siempre y cuando sus motivos sean, por ejemplo, discusiones sobre proyectos de ley o cualquier otra norma; la contratación de bienes o servicios; y la elaboración e implementación de políticas públicas.
Su otro principal punto, sería la igualdad de trato. Esto implica que si un funcionario recibe a un actor implicado en un debate público (por ejemplo, Telefónica por una nueva norma de telecomunicaciones), está obligado a reunirse también, si se lo solicitan, con otros eventuales afectados (en este caso, a un competidor como Telecom, gremios y a asociaciones de consumidores), para brindar sus puntos de vista.
En el caso de los incumplimientos, como no agendar una audiencia particular, las autoridades de aplicación de cada uno de los poderes, fijará una sanción correspondiente, que podría llegar a pedir la renuncia del funcionario.
Nacida mirando la legislación norteamericana, donde hay un registro de lobbistas «matriculados», su copia argentina terminó más parecida a la chilena, que mutó luego de fracasar una transcripción exacta de la que utiliza Washington. La principal diferencia: si bien en el país hay consultoras o estudios de abogados que ofrecen servicios de gestión de intereses, cualquiera puede hacer lobby.
El proyecto de 13 artículos, que comenzará a debatirse primero en Diputados, fue elaborado por el equipo de Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional, bajo la órbita del ministerio del Interior de Rogelio Frigerio.
Si bien fue planificada antes, tal como ya la adelantó este diario en febrero del año pasado, la norma termina formando parte del paquete oficial de transparencia, que incluyó dos decretos presidenciales, lanzado para atenuar los conflictos de interés que tantos dolores de cabeza le dio a la Casa Rosada.