En diciembre la Cámara de Casación Federal apartó a la jueza María Gabriela Marrón de la causa por desestimar las medidas de pruebas y obstaculizar la investigación sobre la participación policial en la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Al cumplirse dos años de su desaparición, la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) –en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura– solicitaron ampliar medidas de pruebas testimoniales, técnicas y científicas. A pesar de los numerosos indicios que vinculan a la Policía Bonaerense con el hecho, no hay ningún imputado. El ministerio de seguridad provincial avalo y sostuvo las maniobras policiales para fraguar pruebas y actuar fuera de la ley. La próxima semana, familiares, amigos y amigas de Facundo realizan un acto en Pedro Luro para renovar el pedido de justicia.
En diciembre pasado, a partir del pedido de la fiscalía y las querellas, la Sala I de la Cámara de Casación Federal apartó de la investigación a la jueza María Gabriela Marrón por actuar con parcialidad y obstaculizar reiteradamente medidas de prueba para investigar la hipótesis de la desaparición forzada. Esas dilaciones en la causa le impiden a Cristina Castro, mamá de Facundo, estar hoy más cerca de la verdad y la justicia.
Facundo Astudillo Castro salió el 30 de abril del 2020 desde su casa en Pedro Luro con dirección a Bahía Blanca, viajó a dedo como lo hacía habitualmente. Se sabe, con certeza, que fue detenido por agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Mayor Buratovich y Teniente Origone. Facundo no llegó a destino ni volvió a saberse nada de él. El 15 de agosto, se hallaron restos óseos en la ría de Bahía Blanca y el cotejo de ADN confirmó que se trataba del joven de Pedro Luro.
A pesar de las numerosas pruebas que vinculan a la Policía Bonaerense con Facundo el día de su desaparición, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y la jueza María Gabriela Marrón nunca investigaron la actuación policial y desestimaron reiteradamente medidas de pruebas solicitadas por las fiscalías, la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Tampoco cumplieron con los requerimientos exigidos por el Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El fiscal Ulpiano Martínez se excusó de seguir interviniendo en la causa en febrero de 2021 y la jueza Marrón fue apartada recién en diciembre. Al reconocer que la jueza obstaculizó la investigación, el fallo de Casación abrió un nuevo escenario en la causa que obliga a avanzar con celeridad en las medidas de pruebas solicitadas por las querellas.
En ese marco, esta semana se realizó en Bahía Blanca una reunión de trabajo con la fiscala federal de Santa Rosa Iara Silvestre, a cargo ahora de la instrucción, el fiscal general de Bahía Blanca Horacio Azzolin y la Procuraduría de Violencia institucional. En ese encuentro, la querella familiar y la CPM le solicitaron a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal requerir al nuevo juez de la causa, Walter López da Silva, una serie de medidas de pruebas coincidente con pedidos que venían siendo realizados conjuntamente y que no habían tenido respuesta por parte de la jueza Marrón.
Entre las medidas de pruebas, los abogados de Cristina Castro, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y la CPM pidieron la ampliación de declaraciones testimoniales de personas que ya declararon en la causa, pero cuyos testimonios resultan inconsistentes o contradictorios a partir de elementos probatorios que se fueron sumando al expediente, y de otros que aún no han sido citados y que pueden aportar información relevante.
Por otra parte, las querellas también reclamaron que se haga un exhaustivo trabajo de sistematización de la información tecnológica existente en la causa para que se ordenen, de acuerdo a los resultados, nuevos informes técnicos sobre los celulares y gps que están mencionados en el expediente.
Asimismo, también requirieron profundizar las pericias para determinar sobre el estado de la ropa de Facundo, para dilucidar principalmente qué elementos, productos y/o modalidades se pudieran haber utilizado para ocasionar las roturas y daños que presentaba la vestimenta.
A dos años de los hechos, la familia y la CPM también realizaron pedidos de informes para saber el estado de los expedientes por mal desempeño de sus funciones que se iniciaron contra la jueza Marrón ante el Consejo de la Magistratura y contra el fiscal Ulpiano Martínez ante la Procuración General de Nación.
El mismo pedido de informe se realizó ante la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense y el Ministerio de Seguridad de Nación por la actuación de la Policía bonaerense y de la Policía Federal, respectiva, durante las diligencias investigativas en el marco de la causa.
En el caso del ministerio bonaerense, ya hubo una investigación administrativa de oficio que desestimó cualquier sanción para los policías que tuvieron contacto con Facundo ese día. Y el ministro Sergio Berni siempre avaló públicamente sus actuaciones pese a las múltiples ilegalidades cometidas por el personal policial.
A dos años de la desaparición de Facundo, cuyo cuerpo fue hallado meses después, el fallo de Casación de diciembre pasado abrió la posibilidad de reimpulsar la causa y dejar atrás la impunidad que rodea el hecho.
La semana que viene en su ciudad natal, Pedro Luro, Cristina Castro, sus abogados, amigos y amigas de Facundo realizan un nuevo acto para renovar el pedido de verdad y justicia.
Facundo tenía 22 años, durante mucho tiempo formó parte de las actividades artísticas y solidarias del Semillero cultural de Pedro Luro, participó del programa Jóvenes y Memoria y fue en dos oportunidades al encuentro de Chapadmalal.
2 de mayo de 2022.
