Ordenaron la prisión preventiva para un prefecto por la muerte del mapuche Rafael Nahuel.-

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    El cabo Primero Francisco Pintos fue procesado por “homicidio agravado”.

    La muerte se produjo durante un desalojo de una comunidad mapuche en Villa Mascardi, Bariloche. Además, se dispuso el cambio de carátula de «exceso en la legítima defensa» a «homicidio agravado» y se dispuso la falta de mérito de los cuatro efectivos procesados a comienzos de enero. .

    La Cámara de Apelaciones de General Roca (Río Negro) ordenó la prisión preventiva para el cabo Primero Francisco Javier Pintos por la muerte de Rafael Nahuel (21), ocurrida en 2017en un predio ocupado por una comunidad mapuche en Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Los magistrados realizaron en su fallo fuertes críticas al ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich ante lo que consideran un “un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad”. Los jueces resolvieron cambiar la caratula de la causa de “exceso en legítima defensa” a “homicidio agravado” lo que complicó la situación del agente.

    En enero de 2019 el juez federal de Bariloche, Leonidas Moldes, había procesado a los integrantes del grupo Albatros de Prefectura Naval, Carlos Valentín Sosa, Sergio Guillermo Cavia, Sergio Damián García, Juan Ramón Obregón y al propio Pintos, quienes habían participado en una incursión en un sector tomado por la comunidad Lafken Winkul Mapu en Mascardi durante la que falleció Nahuel. Alrededor de cinco meses después de la apelación presentada por los prefectos, el tribunal roquense dictó la prisión preventiva para Pintos y la falta de mérito en los demás.

    Según pudo averiguar Clarín, los jueces no consideraron varios de los argumentos que favorecían la defensa del cabo. Los magistrados no consideraron una pericia hecha por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, a pedido del juez federal subrrogante Gustavo Villanueva, en la que se concluye que el proyectil que hirió fatalmente a Nahuel no salió del subfusil MP5 de Pintos. Aunque dieron por buena la primera pericia del caso realizada por los expertos Roberto Nigris y Karina Uribe que concluía que el disparo pertenecía al MP5 nro. 05-C335508 asignado al agente.

    Tampoco influyeron en los jueces los análisis del Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche y del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta, los que descubrieron restos de pólvora en las manos de Nahuel y de los militantes mapuches Fernando González y Fausto Jones Huala que bajaron el cuerpo a la ruta 40. Este dato abonaba la teoría del enfrentamiento.

    Además, quedaron desestimados los relatos de los compañeros de Pintos que aseguraron que este no tenía en sus manos su subfusil al momento de internarse en la montaña. Los prefectos dijeron que hubo intercambio de disparos, describieron la construcción de barricadas y el uso de máscaras por parte de los desconocidos.

    “Es notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto por el Poder Judicial de la Nación y la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados”, argumentó el juez Ricardo Barreiro integrante de la cámara, de acuerdo a un extracto del fallo.

    “Antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar mínima luz sobre los sucesos, se publican declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes”, sigue el documento.

    La Cámara indica que el testimonio de los agentes es parte de un «guión» elaborado en el ministerio. Este diario pudo averiguar que en las horas inmediatas a los acontecimientos de Mascardi se le solicitó a cada prefecto un informe de «puño y letra» y que todos fueron coincidentes en sus descripciones. «Esto descarta la idea del guión», dicen fuentes consultadas.

    El fallo será apelado en los próximos días ante la Cámara Federal de Casación Penal, adelantaron las mismas voces.

    El 25 de noviembre de 2017 un grupo Albatros que patrullaba el predio de Mascardi, desalojado el día anterior por orden del juez Villanueva, se encontró con unos 20 desconocidos. En la versión oficial los prefectos fueron atacados con disparos de alto calibre, palos y piedras. Los mapuches que ocupaban el sector aseguraron que ellos no tenían armas.

    Fuente: Clarin

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