En el expediente, bajo la órbita del juez Julián Ercolini y, en el que Fernández declaró como investigada en octubre de 2016, se estudia un supuesto esquema de «beneficios exclusivos» a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.
La ex jefa de Estado ya tiene otro procesamiento en este año por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión, y es la primera vez que es procesada por una causa relacionada con delitos de corrupción.
Ercolini ordenó, además, un embargo de 10.000 millones de pesos -unos 664 millones de dólares- contra Fernández y el procesamiento de, entre otros, Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas José López.
La Fiscalía ya había apuntado a un presunto delito de «administración infiel» y de negociaciones incompatibles con la función pública, al tiempo que vio indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz que beneficiaron a Báez.
En una resolución de casi 800 páginas, el juez ordenó el procesamiento de Fernández como «coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública».
El magistrado señaló que «se encuentra acreditado» que además de Fernández, De Vido, López y Báez, el ex-administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, Nelson Periotti, el ex-subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner -todos procesados-, «y otras personas cuya intervención aún no se encuentra acreditada», habrían formado parte de una asociación que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015.
«Destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz», remarca el dictamen.
En el caso de la ex jefa de Estado, Ercolini señala que «habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de Gobierno y responsable política de la administración general del país».
«Se advierte un complejo entramado delictivo realizado en mas de una jurisdicción pero en donde cada uno de los intervinientes tuvo un rol concreto en razón del cargo en que fueron colocados», remarcó el fallo.
Todos los funcionarios públicos procesados «conocían el pacto que los unía», agregó el juez al fundamentar el procesamiento por el delito de asociación ilícita.
Además, el magistrado ordenó congelar la totalidad de las cuentas bancarias de todos los procesados, salvo aquellas donde se cobren pensiones, jubilaciones o salarios y que se realice un estudio socio-ambiental sobre cada uno de ellos además de toma de huellas dactilares.
En el fallo de 794 carillas, el juez procesó a Cristina, De Vido, los detenidos López y Báez, el primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, con un embargo de 10.000 millones de pesos para cada uno y por delitos de corrupción, asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, por cometerse en perjuicio de la administración pública.
La asociación ilícita prevé una pena de hasta diez años de prisión.
A su salida de los tribunales cuando fue llamada a declarar, Fernández reiteró que se siente víctima de «una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático» puesta en marcha por el actual Ejecutivo, encabezado por Mauricio Macri.
En su opinión, de esa forma el actual presidente intenta «tapar el desastre económico y social que tiene la Argentina».
