El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura inspeccionó instituciones de encierro y mantuvo reuniones con autoridades y ONGs en la provincia de Jujuy, entre el lunes 24 y el jueves 27 de octubre.
La delegación que visitó la provincia estuvo integrada por el comisionado Gustavo Palmieri, la comisionada Diana Conti, el secretario ejecutivo Alan Iud e integrantes del equipo técnico.
Durante su visita el organismo informó que relevó prácticas lesivas para la dignidad de las personas en las unidades penitenciarias, así como comisarías con graves condiciones de hacinamiento y encontró allí a personas privadas de su libertad por periodos prolongados, incluyendo condenados.
Palmieri dijo a Salta/12 que en Jujuy hay 1.600 personas privadas de la libertad por causas penales. De esta cantidad, 600 se encontraban en comisarías y alcaidías.
También indicó que entre las dependencias policiales y la alcaidía, relevaron 14 mujeres detenidas. Mientras que en el sistema penitenciario encontraron 30, relevando dos mujeres trans y dos varones trans privadxs de la libertad.
«En comisarías no debería haber personas privadas de la libertad porque el personal no está preparado, porque no hay tratamiento para ellos, porque las condiciones edilicias y de convivencia no sirven, no están preparadas para eso», señaló Palmieri. «Las personas no tienen espacios a donde salir, no tienen actividades para realizar, tienen complicaciones con las visitas, obviamente con la comunicación, inclusive con el contacto con los abogados», añadió.
Palmieri sostuvo que las comisarías están pensadas para detenciones muy breves, por unos días. «Sin embargo, nos hemos encontrado inclusive personas condenadas«, en las comisarías, resaltó.
«En el Servicio Penitenciario también notamos en algunas unidades situaciones serias de vulneración de derechos en términos de violencia, prácticas de aislamiento que son incompatibles con estándares nacionales e internacionales», explicó Palmieri. Dijo que hay celdas que se aplican como «castigo», y a veces incluso como «ingreso», o como «régimen», algo que «está absolutamente prohibido».
El Comité entrevistó en San Salvador de Jujuy a personas detenidas en las seccionales 56, 49 y 62, el Establecimiento Penitenciario N° 1 Villa Gorriti, los establecimientos penitenciarios N° 2 de Jóvenes Adultos, N° 3 de Mujeres y N° 7 que se encuentran dentro del Complejo Alto Comedero.
Mientras que en Perico el organismo inspeccionó la seccional 60 y en San Pedro, también monitoreó la Alcaidía y la Seccional 9°.
«Le comunicamos esto al gobierno. Nos parece importante establecer un mecanismo para reformar en forma urgente, en el corto plazo, estas situaciones, porque las afectaciones son muy graves«, señaló Palmieri. Dijo que también hablaron sobre la necesidad de investigaciones que permitan «desterrar o modificar estas prácticas violentas que hemos constatado».
El Comité contra la Tortura se reunió con el gobernador Gerardo Morales y con el vicegobernador Carlos Haquim; el ministro de Seguridad, Luis Martín; el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García; la secretaria de Derechos Humanos, María Infante, y la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, entre otros.
Ante el hacinamiento, Palmieri destacó que «hay un plan de mejora de comisarías» y un proceso avanzado de construcción de una unidad penal en Chamical, «un lugar que en su diseño cumple al menos con las reglas mínimas de detención. En el diseño siempre cumplen, pero hay que verlas» cuando funcione, sostuvo.
El comisionado consideró que, sin embargo, la creación de nuevas unidades, a veces, implica que haya más detenidos porque los otros lugares siguen alojando a más personas. También calculó que las previsiones de construcción no serán suficientes, por la persecución al narcomenudeo de la provincia por el nuevo Código Procesal Penal, que aumentaría la cantidad de detenidxs.
Palmieritambién mencionó como una preocupación el hecho de que hay un solo juzgado de ejecución en la provincia.