¿Por qué el femicidio de Marisol sigue impune? Un expediente con miles de  fojas pero que nunca avanzó para determinar culpables. El femicidio de Marisol Oyhanart sigue sin imputados, sin hipótesis firmes y con una causa prácticamente paralizada que  expone las profundas fallas del sistema penal, el encubrimiento institucional y la falta de perspectiva de género en la investigación.

El 14 de abril de 2014, la comunidad  de Saladillo se vio conmovida por la desaparición de Marisol Oyhanart, de 38 años, docente y madre de tres hijos. Por la tarde había salido a caminar y luego debía retirar a sus hijos del colegio, pero nunca llegó y esa fue la alerta que originó la búsqueda. Fue encontrada al día siguiente, brutalmente asesinada, en un descampado.

Once años después, el caso sigue impune. No hay detenidos, ni imputados, ni una hipótesis oficial sostenida por pruebas. Solo queda el dolor, la memoria persistente de su familia y la sospecha cada vez más fuerte de que hubo encubrimiento desde el principio.

¿Cómo es que  un femicidio se encuentra sin resolver durante más de una década? ¿Quién protege a los responsables? ¿Por qué no se profundizó en líneas de investigación clave? ¿Qué pasó realmente en Saladillo el 14 de abril de 2014?

La investigación judicial ha estado plagada de denuncia de  errores, dilaciones e irregularidades. Cambio de fiscales, pruebas perdidas o mal conservadas, testimonios no tenidos en cuenta, pericias contradictorias. Todo contribuyó a que, a más de una década del crimen, la causa esté prácticamente paralizada.

Uno de los puntos más delicados hoy es la falta de información sobre la fiscal Ana Medina, quien tuvo a su cargo la investigación durante los últimos años. Años atrás trascendió una complicación en su situación de salud, lo que a la fecha es desconocido fundamentalmente si efectivamente se pudo reincorporar a las funciones al frente del Ministerio Público, siendo en o últimos años que cada vez que desde este medio hemos intentado tener contacto no e encontraba en la fiscalía. Tampoco ha trascendido públicamente un reemplazo activo. Este vacío institucional entendemos ha contribuido aún más al estancamiento del expediente. Insistimos en que los funcionarios judiciales son ante todo funcionarios públicos y se deben a la ciudadanía tanto para dar respuestas concretas a través de sus acciones y resoluciones, así como informar a la comunidad, máxime en un caso tan sensible.

Desde el punto de vista jurídico, el caso del femicidio de Marisol Oyhanart expone múltiples fallas del sistema penal argentino. A más de una década del crimen, la ausencia de imputados y la falta de avances en la investigación son especialmente graves en un contexto donde la Ley N.º 26.791, que tipifica el femicidio como delito agravado desde el años 2012.

Femicidio como figura penal agravada

El asesinato de Marisol se enmarca legalmente dentro del delito de homicidio agravado por violencia de género, conocido como femicidio, previsto en el artículo 80, inciso 11 del Código Penal argentino. Esta figura implica prisión perpetua para el autor material y se sustenta en el hecho de que el crimen se cometió por razones de género, menospreciando o subordinando a la víctima.

En este caso, los signos de violencia, el abandono del cuerpo en un descampado y la condición de mujer sola en un espacio público son elementos que refuerzan el encuadre de femicidio.

Desidia y posibles responsabilidades funcionales

Desde un enfoque procesal, la dilación injustificada en la causa puede ser atribuible a mal desempeño de funciones públicas. La reiterada falta de respuestas del Ministerio Público Fiscal, así como la falta de reemplazo institucional claro ante la inactividad de la fiscal Ana Medina, podrían ser objeto de revisión administrativa o incluso penal. Pero ¿qué se hizo  al respecto?

Además, la pérdida u omisión de pruebas podría constituir incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal) o encubrimiento agravado si se demostrara intencionalidad. Pero ¿qué se hizo al respecto?

Causa paralela: encubrimiento policial y de funcionarios públicos.-

La existencia de una causa separada por encubrimiento, en la que se señalan presuntas maniobras de agentes policiales y funcionarios públicos que sugiere la desviación de la investigación, pérdida o alterar pruebas, añade una capa más de gravedad. Así es el caso puntual del corte del pasto en la zona donde fue encontrado el cuerpo, la pérdida de las grabaciones de cámaras de seguridad, y de del CPU de una computadora que contenía los registros de una cámara de seguridad privada, la falta de cadena de custodia de la prueba en el proceso penal puntualmente con la calza de la víctima, así como la vinculación con los efectivos de la policía bonaerense que cumplian funciones esa noches del 14/3/2014 en la ciudad de Bolivar. Según el artículo 277 del Código Penal, el encubrimiento de un delito grave como el homicidio agravado se castiga con penas de hasta seis años, agravándose si los autores son funcionarios públicos. Pero ¿qué se hizo al respecto?

El hecho de que aún no haya imputaciones ni procesamientos en esta causa sugiere una falta de impulso procesal, que podría ser subsanada mediante un cambio de fiscal o la intervención de organismos superiores como la Procuración General bonaerense.

Falta de perspectiva de género

Finalmente, podemos señalar que este caso careció desde el principio de una perspectiva de género integral en la investigación. El cumplimiento efectivo de la Ley N.º 26.485 (Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) exige una actuación judicial ágil, sensible y especializada, algo que no ha ocurrido en este expediente. Pero ¿qué se hizo  al respecto?

Desde lo legal, existen herramientas suficientes para investigar, imputar y juzgar un femicidio.  Lo que ha faltado en el caso de Marisol Oyhanart es voluntad institucional, profesionalismo y compromiso con la búsqueda de la verdad.

 La causa se encuentra en un limbo judicial que requiere intervención urgente y revisión integral. ¿Se estará a tiempo para subsanar las omisiones, recuperar el tiempo perdido y determinar quien o quienes fueron los femicidas de Marisol Oyhanart? O nos quedaremos acaso con la impotencia de que el sistema judicial por su errores, ausencia, omisiones, connivencia, complicidades o mal desempeño nos siga evidenciando que resulta fácil matar o hacer desaparecer a una persona y garantizar lla impunidad.

Graciela Achabal para Convergencias.

Saladillo, 14 de abril de 2025.-

FOPEA condena las limitaciones al acceso a la información pública y violencia institucional padecidos por la periodista Graciela Achábal.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) condena las limitaciones al acceso a la información pública padecidos por la periodista Graciela Achábal, responsable del sitio digital Convergencias, de Saladillo, provincia de Buenos Aires, por parte de la fiscal María Julia Sebastián, titular de la Fiscalía 15 de Bolívar, el intendente de Bolívar Marcos Pisano y la policía del lugar, durante la cobertura de la desaparición de personas durante una inundación.
Los hechos comenzaron el sábado 22 de marzo con la desaparición de tres personas que cayeron o fueron arrastradas por el agua a raíz de las inundaciones que padeció el distrito.
La periodista Achával señaló que no le permitieron acercarse a los sitios donde se realizaba la búsqueda ni hacer preguntas a la fiscal ni al intendente, responsables del operativo, a pesar de que observó a ambos ofreciendo una entrevista en vivo para otro medio, como quedó registrado en el vivo que realizaba para su medio.
En otro momento, un policía le dijo que si seguía insistiendo con su presencia en el lugar la iban a llevar detenida. Resaltó que lo más denigrante fue que le negaran el acceso a un baño químico que la policía había montado en el lugar.
Añadió que el día 22, luego de que un integrante de Defensa Civil le avisara que habría una conferencia de prensa en el municipio sobre las novedades de la búsqueda, tras esperar largo rato, la encargada de prensa del municipio le pidió su contacto para enviarle información y que se retirara del edificio porque no habría tal diálogo con el intendente pese a que, según Achábal, habían atendido a otros medios allí esa misma noche.
La colega consideró el trato como “denigrante y de violencia institucional”, y manifestó que podría ser en represalia por las críticas que expresó en su medio al accionar de la Justicia en relación con la desaparición de otra persona hace tres años, en circunstancias similares.
Consultada la jefa de prensa del municipio de Bolívar, Celeste Manghi, manifestó que Achábal «no es de Bolívar» y que entró al municipio cuando estaba cerrado y no estaba prevista ninguna conferencia de prensa. Respecto de la negativa de usar el baño en el lugar de la búsqueda, dijo que “sólo estaban habilitados para el personal que participaba de los rescates”.
Admitió que la periodista accedió al lugar pese a que se le había negado el ingreso y dijo que “el intendente no dio entrevistas individuales. Sólo hubo dos conferencias de prensa y autorizadas por la fiscalía”.
Desde la fiscalía 15, ante la pregunta de este monitoreo, una funcionaria dijo que todo lo relacionado con la prensa estuvo organizado por el municipio.
FOPEA condena las restricciones padecidas por la periodista y recomienda a las autoridades un trato abierto hacia los periodistas y medios en casos de indudable interés público, exhortándolos a no realizar entrevistas o conferencias de prensa selectivas, en beneficio del derecho a la información de la ciudadanía y la obligación de dar transparencia a los actos de los funcionarios públicos.

29 de marzo de 2025.-