Encontró a la empresa culpable del delito de ecocidio, de crímenes de guerra, de violaciones a los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud y a la alimentación, y de quebrantar la libertad científica.

Tras varios meses de investigación sobre el desempeño de la multinacional Monsanto dedicada a la venta de semillas transgénicas y glifosato, el Tribunal Federal de la Haya, en Holanda, da a conocer las conclusiones y recomendaciones legales del simulacro de juicio inédito en el terreno ambiental.

El Tribunal Internacional Monsanto es una iniciativa de la sociedad civil impulsada por más de mil organizaciones no gubernamentales de todo el mundo para que el gigante químico se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio, una figura que este Tribunal de Opinión pide que se incorpore a los delitos que juzga la Corte Penal Internacional de La Haya.
Monsanto, que desde principios del siglo XX ha comercializado productos altamente tóxicos, como el PCB, el 2,4,5-T, el herbicida Lasso y el famoso Roundup, elaborado a base de glifosato, fue sometida a un tribunal ético integrado por cinco prestigiosos jueces, entre ellos, la argentina Eleonora Lamm, subdirectora de derechos humanos de la Suprema Corte de Mendoza. Para ello, se utilizaron los mismos procedimientos que utiliza la Corte Penal Internacinoal de La Haya, pero la compañía se negó a participar.

Si bien el tribunal era simbólico, sus conclusiones empezarán a ser usadas en demandas a lo largo y ancho del planeta, y se usarán para intentar que se modifique el Estatuto de Roma y se incluya la figura del ecocidio.

Prestigiosos jueces escucharon testimonios de víctimas y, a partir de los mismos, junto a pruebas sanitarias y jurídicas brindarán una opinión consultiva siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia. El Tribunal y una Asamblea Popular paralela tuvieron lugar en La Haya entre el 14 y el 16 de octubre pasado.

Durante esas jornadas, Lamm junto a su par senegalesa Dior Fall Sow (consultora de la Corte Penal Internacional), el mexicano Jorge Fernández Souza (Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de México), el canadiense Steven Shrybman, y la belga Françoise Tulkens (ex jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) evaluaron pruebas y testimonios de investigadores, médicos, científicos y supuestas víctimas sobre las consecuencias del uso de los productos fabricados por Monsanto.

La conclusión  se transmitió en el salón «Arturo Illia» del Senado de la Nación por la Comisión de Ambiente de la Cámara alta.

El tribunal internacional popular que analizó en La Haya la historia de la multinacional Monsanto -comprada el año pasado por Bayer- encontró a la empresa culpable del delito de ecocidio, de crímenes de guerra, de violaciones a los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud y a la alimentación, y de quebrantar la libertad científica.

«Si bien las conclusiones a las que arribamos no tienen un efecto vinculante, el valor de los Tribunales de Opinión, que es lo que fue el Tribunal Internacional Monsanto, fue históricamente muy importante porque pone en evidencia la problemática, genera una presión social muy relevante y la prueba que reúne puede servir para los procesos penales que la sociedad civil impulse en sus jurisdicciones», dijo a Télam la jueza mendocina Eleonora Lamm, que integró la corte que dio a conocer hoy su pronunciamiento.