Un trabajador oriundo de Misiones permaneció durante aproximadamente diez años en condiciones que la Justicia calificó como “francamente indignas e inhumanas” en un establecimiento rural de Entre Ríos. Vivía en una precaria estructura construida con silo bolsa sostenido por palos, con piso de tierra y sin acceso a agua potable, electricidad ni sanitarios, mientras realizaba tareas de tala para la fabricación de postes de alambrado.
Por este caso, César Antonio Girolami, un contratista rural de 60 años, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de trata de una persona mayor de 18 años con fines de explotación laboral. Además, deberá pagar $22 millones al trabajador en concepto de reparación integral.
El hombre había sido trasladado al establecimiento rural “Las Piedras”, perteneciente a la empresa Doña Inés SA, ubicado en el Distrito Banderas, departamento Federal. Según quedó acreditado durante el proceso judicial, desde al menos 2011 permaneció en un puesto situado en el paraje La Madrugada, a unos 15 kilómetros del casco de la estancia.
Una vivienda precaria y condiciones de extrema vulnerabilidad
Las condiciones habitacionales fueron uno de los principales elementos considerados por la Justicia. El trabajador permanecía en una zona inundable y no contaba con agua potable, sanitarios ni energía eléctrica.
Su vivienda consistía en una estructura construida con silo bolsa sostenido por palos, con piso de tierra y sin una protección adecuada frente a las condiciones climáticas. La sentencia también determinó que la alimentación que recibía era insuficiente.
La jueza federal Noemí Marta Berros describió la situación como un cuadro de “precariedad y cosificación” y consideró que las condiciones materiales en las que permanecía el trabajador formaban parte del esquema de explotación laboral.
Durante aproximadamente una década, su principal tarea fue talar árboles para fabricar postes de alambrado. En ese período, además, sufrió la amputación de algunos dedos de una mano.
La investigación determinó que se trataba de un trabajo no registrado y que la remuneración era insuficiente. Testigos que trabajaron junto al hombre señalaron que Girolami le pagaba “una miseria” y que incluso le descontaba gastos vinculados con la nafta y el aceite utilizados para el funcionamiento de la motosierra.
Ante la falta de elementos básicos, sus propios compañeros fueron quienes en distintas oportunidades le acercaron agua, comida, ropa y otros artículos necesarios.
El caso salió a la luz en 2021
La situación comenzó a ser constatada formalmente el 15 de diciembre de 2021, cuando representantes de la Secretaría de Trabajo llegaron al establecimiento y verificaron las condiciones en las que se encontraba el trabajador.
Gonzalo Cruz Olier, delegado departamental de Trabajo, dejó asentado que el hombre se encontraba “en condiciones indignas e inhumanas sin amparo ante las condiciones climáticas”.
Días después, el 23 de diciembre de 2021, el establecimiento fue allanado por efectivos de Gendarmería Nacional y personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
Según los testimonios incorporados a la causa, después de aquella inspección Girolami apartó al trabajador del establecimiento y lo dejó fuera de la tranquera.
Sus compañeros expresaron preocupación por su situación, ya que no contaba con una red familiar cercana y había desarrollado vínculos con ellos durante los años que permaneció trabajando en el lugar.
La condena y la reparación económica
Girolami reconoció los hechos en el marco de un juicio abreviado. El acuerdo fue formalizado el 17 de septiembre ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Concepción del Uruguay y la sentencia fue rubricada el 1° de octubre.
El tribunal determinó que el contratista había captado y trasladado al trabajador desde al menos 2011 hacia distintos campos con fines de explotación laboral, situación que se extendió hasta diciembre de 2021.
La conducta fue encuadrada en el delito de trata de personas mayores de 18 años con fines de explotación laboral, previsto en el artículo 145 bis del Código Penal.
Al tratarse de su primera condena, Girolami recibió la pena mínima prevista: tres años de prisión de cumplimiento condicional. Por ese motivo, no deberá cumplir la pena en prisión, aunque tendrá que fijar domicilio y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
Además, deberá pagar $22 millones al trabajador misionero como reparación integral por el daño ocasionado.
La jueza Berros destacó que la reparación busca que la resolución judicial no quede limitada al castigo penal y la vinculó con una perspectiva de “justicia restaurativa”, en reconocimiento del daño provocado por los años de explotación laboral.
El titular del establecimiento rural y otro trabajador quedaron fuera de la acusación. Según consta en la causa, la propia víctima manifestó que respondía exclusivamente a las órdenes de Girolami.
Fuente: El Once
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