Tras casi 12 horas de debate, el oficialismo logró la modificación de la Ley de Glaciares con 137 votos positivos, 111 negativos y tan solo 3 abstenciones. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional en el contexto de los proyectos previstos bajo el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), había alcanzado el dictamen para sesionar este miércoles desde las 15, en un plenario de las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales.
La discusión se extendió hasta la madrugada de hoy y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien se acercó al Palacio Legislativo en las últimas horas del debate. La votación se cerró pasadas las 2.30, luego de escuchar la palabra de la diputada oficialista Silvana Giudici y el jefe de bloque LLA, Gabriel Bornoroni.
Durante el plenario de comisiones previo a la discusión en el recinto, se presentaron dos gobernadores, ministros de minería y funcionarios de la Secretaría de Minería, lo que provocó reclamos de los bloques opositores, quienes objetaron que las presidencias de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales orientaran el encuentro hacia asuntos mineros y que el proyecto no se remitiera a la comisión específica del área.
A pesar de las críticas de la oposición, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el apoyo necesario para avanzar con la reforma. “Para obtener el despacho, hacían falta 18 firmas en Asuntos Constitucionales—que tiene 35 miembros—y 16 en Recursos Naturales, compuesta por 31 diputados. Durante el debate, se alcanzaron 19 y 18 firmas respectivamente”, detallaron fuentes legislativas.
La ley redefine el objeto protegido: solo quedarán bajo resguardo estricto los glaciares y ambientes periglaciares con funciones hídricas específicas. La verificación de esa condición quedará en manos de cada provincia.
Uno de los ejes centrales es el otorgamiento de mayor margen de decisión a los distritos. Las provincias podrán definir criterios propios de protección, en línea con reclamos de regiones con desarrollo minero.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) deja de tener un rol central científico y pasa a cumplir una función principalmente registral. El Inventario Nacional de Glaciares será de consulta obligatoria, pero sin limitar las atribuciones provinciales.
Además, en zonas fronterizas sin demarcación definitiva, intervendrá el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto antes del registro.
La reforma habilita que cada provincia aplique sus propios parámetros para determinar qué áreas proteger. Esto reemplaza el esquema anterior de estándares científicos homogéneos a nivel nacional.
Todos los glaciares y formaciones periglaciares incluidos en el Inventario Nacional seguirán protegidos inicialmente. Esa protección se mantendrá hasta que la autoridad ambiental determine si cumplen o no funciones hídricas relevantes.
Si se concluye que no las cumplen, dejarán de estar protegidos por esta ley específica, aunque continuarán bajo otras normativas ambientales vigentes.
Se abandona el esquema de prohibiciones generales. En su lugar, se implementa un modelo basado en evaluaciones de impacto ambiental caso por caso, bajo jurisdicción provincial.