“Hay que terminar con el call center tumbero”. La Libertad Avanza impulsa una reforma del régimen penitenciario que busca prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles, controlar las comunicaciones de los internos y exigir que afronten los gastos que generan durante su detención.
La iniciativa fue presentada por el diputado mendocino Álvaro Martínez y propone poner fin al uso de celulares dentro de los penales, una medida que apunta a combatir las estafas telefónicas y otros delitos que pueden organizarse desde las cárceles.
Además, el proyecto plantea que las personas detenidas asuman determinados costos vinculados a su permanencia en prisión y contempla cambios en el régimen de trabajo penitenciario.
El texto deberá ser debatido en la Comisión de Legislación Penal, donde se analizará el alcance de las medidas y su posible implementación.
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