Tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal N.º 2 que le conceda el beneficio del arresto domiciliario, sin tobillera electrónica y en el mismo domicilio donde reside junto a su hija Florencia, en el barrio porteño de Constitución.
En un escrito de 13 páginas presentado por sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, la expresidenta invocó su edad —72 años— y los riesgos para su seguridad como fundamentos centrales para evitar la prisión en una cárcel común.
En este marco, argumentaron que, tras el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022, cualquier régimen de detención implicaría un nivel de aislamiento y vigilancia que “no se ajusta a los estándares constitucionales ni a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
Además, pidieron que se le exima del uso de tobillera electrónica, alegando que la exmandataria ya cuenta con custodia permanente de fuerzas de seguridad federales. “Resulta completamente innecesario aplicar ese dispositivo en este caso”, expresaron los letrados.
