La Justicia de San Juan falló este martes a favor de una mujer quien había sido abusada sexualmente y reducida a la servidumbre por un hombre que la había comprado a una familia en el 2023, y con quien posteriormente contrajo matrimonio de manera forzada.
El Tribunal Oral Federal de San Juan declaró culpable a Roberto Espiro Mitar tras haberse comprobado una serie de delitos ejercidos contra su esposa, quien padece una discapacidad. La sentencia quedó establecida en 9 años de prisión más el pago de una indemnización de cuatro millones de pesos.
La decisión judicial se conoció a fines de mayo y quedó firme en las últimas horas. El tribunal dio por acreditada la acusación impulsada por el fiscal a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal San Juan, Fernando Alcaraz, y por la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez. Ambos representantes del Ministerio Público Fiscal habían solicitado una pena de once años y que los hechos fueran declarados ocurridos en un contexto de violencia de género, lo cual fue contemplado en la sentencia.
De acuerdo con los hechos relatados por el organismo de investigación, la víctima fue adquirida por el acusado a cambio de una suma de dinero que no trascendió, y durante dos meses sufrió situaciones de abuso. La mujer estaba obligada a realizar trabajos de venta ambulante y debía entregar el dinero recaudado a los padres del abusador. También era forzada a mantener relaciones sexuales en el marco de una unión de hecho, incluso en contra de su voluntad. Las autoridades tomaron conocimiento del caso luego de que lograra escaparse en medio de descuido de su captor, mientras vendía hilos en la calle.
En este contexto, la Fiscalía también denunció la existencia de maniobras posteriores a la denuncia realizada, en la que la familia del acusado, colaborando con la defensa, trasladó a la víctima hasta una escribanía en la provincia de San Luis para que firmara una retractación de los hechos denunciados. Posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ordenó una segunda declaración, que fue dada bajo intimidación y amenazas. Este episodio quedó incorporado al proceso, dando lugar a una nueva causa por encubrimiento.
Luego de realizar un análisis para establecer la indemnización, junto con la Secretaría para la Identificación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos de la Procuración General de la Nación, se determinó una cifra de $4.270.335,50 como daño causado, en línea con lo previsto por el Código Penal. En esa misma línea, se posicionó el Tribunal que dio por acreditadas las violencias y amenazas ejercidas.
La sentencia dispuso la comunicación de la condena al Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos para evaluar la necesidad de acompañamiento y la notificación de la sentencia a los organismos competentes en el ámbito nacional y judicial.
Adicional a lo impuesto por la Justicia, los magistrados ordenaron a la realización de un abordaje socioeducativo integral sobre violencia de género; y ordenó la comunicación de la condena al Ministerio, la Secretaría de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal y el Consejo de la Magistratura.
Fuente: Infobae.
